ABSTENCION ELECTORAL Y REDES SOCIALES

Los textos constitucionales suelen optar por sistemas parlamentarios. En algunos países la intervención legislativa popular prácticamente no existe (modelo británico), mientras que en otros  se crean órganos de participación directa (modelo helvético o modelo USA).

A principios de 2007 un casi desconocido Barack Obama iniciaba su andadura hacía la presidencia de los Estados Unidos. A finales de 2008 se convertía en el 44ª presidente de los Estados Unidos. Ideologías aparte, es algo generalmente aceptado que el uso de la tecnología y el manejo de las redes sociales fueron un elemento clave para alcanzar una victoria que muy pocos pudieron anticipar.

Más recientemente, el sociólogo Manuel Castells, en una intervención celebrada en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, presentando su libro “Redes de indignación y esperanza” afirmaba que Internet es el espacio de comunicación donde los movimientos sociales pueden formarse, organizarse y emerger de este sistema de indignación caótica de forma que la gente sin ni siquiera conocerse puede interactuar en las redes sociales.

Nuestra Constitución por un lado proclama la participación ciudadana afirmando que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” y que  corresponde a los poderes públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, mientras que por otra parte se atiene a un modelo formalmente representativo al establecer que “Las Cortes Generales representan al pueblo español”,  y que estas “ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución”. En la práctica se ha optado así por un modelo más parecido al británico en el que los partidos políticos llevan el peso de  la representación ciudadana. La propia sentencia 103/2008 del Tribunal Constitucional  afirma claramente que ese es el sistema político de nuestro país y que todas las menciones y previsiones existentes relativas a la participación directa tienen como justificación precisamente apoyar su condición de democracia parlamentaria -aunque esto último creemos que debería revisarse-.

 En nuestro país, y a falta de menos de un mes para la celebración de una nueva convocatoria electoral, esta vez de ámbito europeo, los ciudadanos nos disponemos a asumir las consabidas nuevas promesas electorales de partidos que desean encontrar su espacio en una nueva legislatura a nivel continental y que se enfrentan a una alarmante cifra de abstención. Lo más curioso es que la partitocracia imperante en Europa parece haber aprendido más bien poco de las lecciones que nos llegan del otro lado del océano. Ciertamente se trata de un sistema político radicalmente diferente pero sí que existe un elemento común en Estados Unidos y la Unión Europea y  es la necesidad de lograr que el electorado quiera participar en lo que se conoce como la “cosa pública”.

Más allá de los problemas conocidos: desempleo, corrupción, etc. que lógicamente aguardan urgente solución, si se quiere cambiar esta situación alguien debería preguntarse por la relación entre abstención electoral con el hecho de que los ciudadanos piensen o no que su opinión sea  realmente importante o si simplemente se les pide el voto como si fuera una especie de ticket con destino,  en este caso,  a Bruselas.

Desde nuestro punto de vista, para poder resolver los problemas nuevos a veces es bueno acudir a la raíz de los mismos,  aunque a veces esas raíces se pierdan en el tiempo.

En el siglo XVIII, Rousseau y Montesquieu, ambos pensadores de la Ilustración, mantenían posiciones diferentes sobre el papel del ciudadano en su relación con el estado. Para ambos el ciudadano es el alma de la democracia pero mientras que para Rousseau el ciudadano debe participar directamente en la política, a Montesquieu le debemos nuestro sistema de división de poderes en una democracia formalmente representativa.

Lo que es evidente es que en el siglo XVIII no existía la posibilidad de que las decisiones adoptadas pudieran transmitirse de forma ágil y fiable a lo que se conoce como “el pueblo”. Pero mucho más importante que eso es que no existía la posibilidad de que los ciudadanos, aunque solamente estuvieran distantes en un radio de pocos kilómetros, pudieran compartir fácilmente sus opiniones y creencias para conseguir que la sociedad avanzara de forma continua. Todo ello por no hablar de que pocos ciudadanos podían prescindir de ganarse la vida diaria y pensar en cosas como la política.

De aquí llegamos sin duda a la cuestión más importante y que  es la de plantearnos si una vez desarrollada la vida democrática en Europa, una vez que han madurado nuestras instituciones,  que nuestros ciudadanos tienen una mayor formación cultural y política, y sobre todo que las tecnologías de la comunicación y de la información permiten la inmediación y la capilaridad en cualquier suceso que pueda tener consecuencias sociopolíticas, sigue teniendo justificación que la democracia representativa, fundamentada en los partidos políticos, continúe teniendo el peso fundamental en nuestra democracia.

Desde nuestro punto de vista hasta que no se supere esta situación difícilmente millones de ciudadanos -que son millones de votos- no van a encontrar motivos para acudir a un espectáculo en el que quieren ser algo más que meros espectadores.